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Ivorra
Fecha artículo : 08 Feb 2003| Lecturas : 0| Votaciones: 122 | Promedio: 2.6 Bueno|

El Ingeniero Agrónomo Y Los Planes Generales De Ordenación Urbana

        La ausencia de un tratamiento adecuado a las explotaciones agropecuarias en los planes generales de ordenación urbana (PGOU) está siendo origen de una importante fuente de quejas en los numerosos profesionales de la ingeniería agronómica, que entienden que deben disponerse por parte de las autoridades locales medidas para que los citados planes no impidan la ejecución de obras e instalaciones rurales. Este tipo de construcciones son, la mayoría de las veces, inherentes a su propia actividad e imprescindibles para su modernización (invernaderos, viveros, lavaderos, secaderos, embalses, caminos, obras auxiliares de protección de sistemas de automatización y control, etc.). Por el contrario se autorizan grandes zonas urbanizables y campos de golf en zonas donde se produce un gran impacto ambiental, visual y social, ya que se forman nuevos núcleos urbanos donde nunca los hubo (una de las máximas para no permitir las construcciones en suelo no urbanizable) propiciando una especulación atroz en base a la cual es imposible adquirir terrenos de cultivo por su alto coste.

        Como profesionales que desarrollan  mayoritariamente su actividad en suelo calificado como no urbanizable, son muchos los colegiados que han elevado quejas a los distintos colegios oficiales tras constatar que los planes de ordenación urbana impiden, con frecuencia, la ejecución de tan necesarios proyectos, casi siempre imprescindibles para la viabilidad de las explotaciones agropecuarias.

         Es muy probable que esta situación se dé, fundamentalmente, porque lo PGOU, que son los instrumentos básicos de planeamiento municipal, no tienen incorporada la sensibilidad agronómica suficiente para permitir el desarrollo sostenible del sector primario. Es más, lo que en algunos casos ocurre es que los planes generales prohiben expresamente hasta lo más elemental y necesario para la viabilidad de las explotaciones agropecuarias. A nuestro juicio, sin embargo, no deberían quedar expresamente prohibidas las construcciones e instalaciones rurales en los PGOU. De esta forma podrían ser de aplicación, en el ámbito del suelo no urbanizable, las leyes propias de las distintas administraciones autonómicas competentes en materia de agricultura las que ejercieran un tamiz en base a la racionalidad y viabilidad de las explotaciones agropecuarias, de manera que se pudieran autorizar aquellas construcciones e instalaciones que los referidos departamentos informaran como favorables.

        Resulta evidente, a los ojos de nuestra profesión, que existe una carencia importantísima en la redacción de los planes generales, como es el hecho de que frente a la precisa resolución de las actuaciones en suelo calificado como urbano y urbanizable, no dispongamos de un planeamiento adecuado en suelo no urbanizable, precisamente por esta falta de visión agronómica que, en definitiva, condiciona la viabilidad con carácter nacional de muchas de las hectáreas de cultivo en explotación.

        Entendemos que esta carencia debe ser resuelta con las aportaciones técnicas imprescindibles de los ingenieros agrónomos en la redacción de los PGOU, y que su aportación debe ser extensiva a los planes especiales. A este respecto, observamos en general, en los equipos multidisciplinares redactores de los PGOU, la ausencia palpable del ingeniero agrónomo. Todo un contrasentido, puesto que por su formación técnica superior y, en consecuencia, por los conocimientos adquiridos sobre el medio físico y rural en su actuación profesional, su criterio integrado en los equipos redactores tecnifica el planeamiento del suelo no urbanizable y complementa y enriquece los planes generales. La administración debería tomar las medidas necesarias para resolver esta situación incorporando pliegos de bases para la redacción de los citados planes de participación de los ingenieros agrónomos.

Angel Ivorra Chorro
Ingeniero Agrónomo

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